NÚMERO 560 – 31 de mayo de 2010.

Sumario:

1. Gatillo por TV

2. Más muertes bajo custodia

3. “Estado de excepción” a la cordobesa

4. Neuquén: Otro caso de “torturitas”

5. Continúa la represión a luchadores

6. Gatillo fácil en 25 de Mayo

7. Próximas actividades

GATILLO POR TV

En canal 13,  mostraron un video grabado en Remedios de Escalada el día miércoles 19 de mayo al mediodía (según la fecha que muestra la cámara). Muestra un hecho recurrente en este país. Un hombre mayor salía de un banco con un bolso. Dos personas (una en moto) lo esperaban afuera. El que estaba a pie forcejeó con él, intentando sacarle el bolso. No lo logró. El señor mayor reingresó al banco. En ese instante salió un policía, que sin mediar palabra, ni teniendo en cuenta que eran las once y monedas y que la calle estaba llena de gente, disparó cuatro o cinco veces hacia los dos hombres que escapaban en la moto. Detrás de la moto se vieron claramente un coche y una camioneta que quedaron en la línea de fuego. Son incontables los casos de “gatillo fácil” que conocemos con situaciones como éstas, que terminan con un transeúnte muerto.

Por otro lado, y volviendo al relato periodístico que dio Mauro Zeta, el constante defensor policial no se cansó de remarcar que “por suerte, el motochorro murió” y que “estaba fuertemente armado“, aunque en el video nunca se ve que tenga o saque un arma. De haberla tenido ¿no la hubiera usado? ¿Será que el “delincuente” tiene más criterio que el policía para no herir a terceros? ¿O será que, en verdad, el policía se encargó de que le “aparezca” un arma luego de que lo matara?. Siguiendo con los relatos del periodista, también se encargó de remarcar que el muerto tenía antecedentes, porque cumplió con una condena meses atrás.

Que quede claro que repudiamos el robo al anciano, pero nunca un delito a la propiedad es mas grave que el delito contra la vida, aunque desde el periodismo y desde incontables sectores políticos nos bombardeen con la inseguridad. En este caso es evidente como dos personas intentaron robarle un bolso a un anciano, poniéndolo en riesgo, mas no lo lastimaron ni pusieron a otros en riesgo. Y “en defensa del pueblo” reaccionó el policía, que sí puso en riesgo a cuanta persona pasara por el lugar y mató por la espalda a una persona que huía, desarmada. Entonces debemos preguntarnos ¿Que es la inseguridad?.

MÁS MUERTES BAJO CUSTODIA

Las formas de eliminación de pibes pobres que el estado represor aplica, gobierne quien gobierne, procura devenir en “negligencia” o falta de control cuando la muerte bajo custodia se produce en el ámbito de una ONG subsidiada, pero basta con conocer algunos detalles para echar por tierra esos argumentos.

El 14 del mes pasado Luis (14) apareció suicidado en el “Centro Juvenil Esperanza”, una ONG en que lo colocó el mismo estado en cabeza de un juez federal y que como tantos otros depósitos de niños pobres son parte de la red de prestadores que terceriza el gobierno de la ciudad de Buenos aires (en la gestión de Macri y antes de él también). La madre, enterada el mismo día, no pudo ver el cuerpo de su hijo porque había que dejar “actuar” a la policía. No se trata de hacer cumplir el tan amplio entramado de normas que protegen los derechos de la niñez, se trata de comprender que si se es pobre la represión es lo único que tiene vigencia, como Luis y su madre, que buscaba que su hijo se recuperara de una adicción a las drogas y obtuvo como respuesta su muerte.

Más muertes se produjeron esta semana en las cárceles, verdaderos centros de exterminio. El pasado domingo, en el penal de Olmos, Miguel Marcelo Rojas Gutiérrez murió como consecuencia de los puntazos recibidos durante la madrugada, práctica conocida como “coche bomba”. Un día antes, en Mendoza, Roberto Aseff (26) apareció ahorcado por un supuesto suicidio en su celda del penal de Cacheuta, convirtiéndose en el detenido número 14 fallecido en lo que va del año 2010 dentro de los dos centros de detención de la provincia.

“ESTADO DE EXCEPCIÓN” A LA CORDOBESA

Durante el pasado mes, se puso en práctica en la ciudad de Córdoba un “plan piloto” contra el narcotráfico que puede definirse, como lo denunciara la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, como un “estado de excepción”. De acuerdo a lo resuelto por los fiscales de turno en el mes, la policía provincial no necesita “cumplir tantas exigencias”, como contar con la orden fundada de un juez, a la hora de allanar un domicilio sospechoso. El fiscal Vidal Lascano lo definió así: “Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación”. En una palabra, ¿para qué perder el tiempo con esas boberías como las garantías procesales? Y, desde luego, con la bendición del gobierno nacional, ya que también gendarmería participa de los operativos.

Dicen los compañeros de la Coordinadora: “… veamos los números que nos está dejando el “período de excepción”: en los primeros 20 días se detuvieron más de 400 personas, un promedio de más de 20 por día; el 20 de mayo, en un solo día, se allanaron 42 domicilios y ya van más de 150, todas estas detenciones y procedimientos fueron totalmente ilegales (cualquier abogado con dos dedos de frente consigue que se caigan las causas por fallas en el procedimiento) y sólo sirvieron para hacer shows mediáticos que le laven un poco la cara a la policía represora y corrupta de Córdoba. Pero lo más llamativo es que, tratándose de un plan para combatir a uno de los más grandes negocios ilegales, el narcotráfico, sólo se hayan allanado viviendas humildes en los barrios más pobres de la ciudad.”.

“En cambio, estos megaoperativos sirven para que jefes de policía y políticos tengan minutos de aire y, sobre todo, para ir instalando en la sociedad la impunidad de estos procedimientos y que sea “natural” la constante militarización de nuestra Córdoba, o sea, que ver centenares de policías por todos los lugares céntricos, ver las requisas callejeras a transeúntes y las requisas de transportes públicos y de vehículos, ver las detenciones de los chicos de los barrios que ya no se pueden acercar al centro y ver que el control y el disciplinamiento social en democracia es más férreo que en una dictadura, sea “natural”.”

Al respecto, CORREPI emitió un documento que pude ser consultado en nuestra web, http://www.correpi.lahaine.org/.

NEUQUÉN: OTRO CASO DE “TORTURITAS”

Comentábamos hace unas semanas que en la provincia de Neuquén se estaba juzgado a 27 policías por una enorme cantidad de hechos de tortura impuestos a una veintena de detenidos en la Unidad 11 de esa ciudad en 2004. En un fallo que sigue la tesis de la corte suprema, en cuanto a que “en democracia, no hay tortura”, 21 de los funcionarios fueron absueltos, y sólo 6 de ellos recibieron levísimas penas (3 y 4 años de prisión), por severidades y vejaciones, figuras menores y excarcelables que los legisladores ponen a disposición de los jueces para que protejan a los perros guardianes de ambos.

La lectura del fallo causó justa indignación en el público, llegando a intervenir personal policial –camaradas de los beneficiados por la sentencia- para retirar por la fuerza, de la sala, a la compañera Ivana Dal Bianco, abogada del CeproDH, a pedido de uno de los jueces, ofendido por sus palabras.

La sentencia de la Cámara 2ª en lo Criminal de Neuquén se ha ganado un lugar en la historia de “las mejores excusas judiciales” para no condenar por tortura a los verdugos de uniforme. Recordemos que los hechos, tal como se describen en la sentencia, consistieron, a lo largo de varios días, en: “(…) mantenerlos en el piso esposados mojados y soportando la irritación que les provocaba el reactivo químico de los gases lacrimógenos que se había adherido a la piel (…) golpearlos con puntapiés, golpes de puño y varillas de hierro o elementos contundentes alargados en forma de caño, comúnmente empleados para el denominado “barroteo” (…) trompadas, utilizando un anillo para provocar más daño (…) someterlos a golpes de puño, puntapiés en todo el cuerpo, obligándoles a cantar el himno nacional y aquel que se equivocaba recibía un violento castigo (…) propinarles golpes con varillas en las plantas de los pies (…)”, etc.

Frente a eso, los jueces argumentaron que “el parámetro para discriminar en relación a si nos encontramos ante una tortura o una severidad o vejación, debe ser la gravedad”, y, puestos a buscar un “baremo objetivo para medirlo”, decidieron tomar el de las lesiones del código penal, que caracteriza como “graves” las que incapacitan para el trabajo para más de un mes. Y entonces, como ninguno de los presos apaleados, bastoneados, mojados, gaseados, vejados, humillados, en fin, torturados, tuvo, según los médicos forenses, lesiones físicas que los incapacitaran por 30 días, todo eso no fue tortura.

Textualmente, dice el autor del primer voto, al que los restantes jueces adhirieron: “Considero, que la tortura requiere un mal trato de mayor intensidad, sistemático, que permanezca en el tiempo, lo que no se dio en los casos que nos ocupan.”.

Como dijimos, una pieza que merece ocupar el mismo anaquel que el fallo Derecho de la Corte, o las sentencias en los casos Morinigo, “Chaco” González y Gallardo, como ejemplos de que todo vale para defender al brazo armado del estado.

CONTINÚA LA REPRESIÓN A LUCHADORES

El 10 de mayo pasado, la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi se movilizaba para que la provincia libere los fondos del Plan Federal de Emergencias Habitacional y para que las empresas petroleras y constructoras de la zona incorporen a los trabajadores locales. El gobierno de Salta respondió reprimiendo y persiguiendo a los manifestantes. El miércoles 26, en el marco de estas persecuciones, fue detenido José “Pepino” Fernández, dirigente de la UTD.

Unos 300 compañeros se concentraron el viernes en la Ruta Nacional 34 para pedir por la liberación del dirigente. Una vez más, el gobierno de Urtubey mandó a la infantería de la policía de la provincia a reprimir el corte y a ingresar a los barrios para cazar más y mejor. Hay más detenidos y heridos.

En este marco, de persecución a los luchadores, se están realizando movilizaciones en Buenos Aires por el cese de la criminalización de la protesta, cierre de causas y desprocesamiento de compañeros, por la libertad de los presos políticos. Entre ellos, Karina “la Galle” Germano López, militante de H.I.J.O.S., que se encuentra presa desde hace ocho años (dos en la cárcel de Ezeiza) por una causa armada en Brasil, y a quien le corresponden salidas transitorias que le niegan arbitrariamente desde hace tres.

Así actúan las fuerzas represivas, para defender y garantizar la continuidad del estado de las cosas, contra quienes se organicen y movilicen para transformar esta realidad.

Por eso, contra la represión selectiva, sólo cabe la organización independiente y la lucha consecuente.

GATILLO FÁCIL EN 25 DE MAYO

Los diarios locales titulan como lo harían Clarín o La Nación: “En confuso episodio Policía mató a ex presidiario en 25 de Mayo”. El “confuso episodio” es, en cambio, un fusilamiento bien claro.

Roberto Montesinos (35) y un amigo de 32 estaban en un auto, en el parque Laguna Mulitas de la ciudad bonarerense. El subteniente Julio Toledo decidió que estaban en “actitud sospechosa”, porque reconoció a Montesinos como “un malviviente que purgó una condena”. Decidió entonces requisarlos, y, según informó el jefe de la distrital, en la camioneta había un porro.

“En ese momento, Montesinos se abalanza sobre un efectivo policial, le saca el cigarrillo y empieza a correr hacia el interior de la laguna“, relató en conferencia de prensa el comisario Daniel Gorga. El policía Toledo lo persiguió, y lo mató de un disparo 9mm que le atravesó el cuello.

“Nosotros no haremos ningún tipo de apreciación, ni abriremos ningún juicio de valor en razón de esperar los resultados de la justicia“, macaneó el comisario, que sí se preocupó por agregar que el hecho, además de “confuso”, “¡es una desgracia!”. Y remató: “Los policías que están en la calle saben de estas cuestiones y no estamos exentos de que esto ocurra. ¡Toledo está muy mal”.

Peor está la familia del joven asesinado, y su amigo, que es ahora el blanco de toda la presión policial, ya que fue el único testigo presencial del fusilamiento. Desde CORREPI, hacemos responsable al gobierno provincial, y a sus jueces y fiscales, por su seguridad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 4 de junio, 18:30, volanteada en Callao y Corrientes por la libertad de los presos políticos, el cierre de las causas, la anulación de las condenas, el cese de las persecuciones. ¡Basta de represión al pueblo trabajador! Organiza CORREPI.

Jueves 10 de junio, 17:00, jornada de denuncia del gatillo fácil y la tortura en la plaza de la estación de Villa Fiorito. Organiza CORREPI.

Último encuentro de la cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA, ATENCIÓN CAMBIO DE FECHA:

10 de junio: La represión preventiva y el control  social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa):

corriente.edp@gmail.com

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.

www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Visitá nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot.com y http://correpi.lahaine.org (¡renovada!)

Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.

Mirá el video del Archivo 2009 en: http://www.youtube.com/watch?v=cMLcaPXyP-g

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

NÚMERO 559 – 25 de mayo de 2010.

1. Gatillo fácil en Rosario.

2. Represión en Vicente López.

3. La policía en el profesorado J. V. González.

4. Giuliano Gallo: absolución fácil para el gatillo fácil.

5. Cumbre policial en Chile.

6. Variación de polichorros.

7. Próximas actividades.

GATILLO FACIL EN ROSARIO

El gatillo fácil  selecciona a sus victimas entre los más vulnerables, los más pobres y los más jóvenes. En este caso fue en una barriada, en la “socialista” provincia de Santa Fe.

El pasado 14 de mayo, en el barrio Moderno de la ciudad de Rosario, fue asesinado Braian López, un pibe de apenas 15 años. Alrededor de las 16:30, Braian estaba sentado en un quiosco de la calle Biedma, frente a los monoblocks del FONAVI, donde se estaba produciendo una discusión entre vecinos por la instalación de una parrilla.

Cuando comenzaron los gritos, cruzó. La mujer que se oponía a la construcción de la parrilla, llamó a uno de sus hijos, policía, para que terminara con la discusión. “Los milicos llegaron y los sacaron a todos corriendo y a los tiros” declararon al diarioLa Capital, unos pibes del barrio.

Braian recibió un balazo a corta distancia que ingresó por la nuca y salió por el mentón. Una mancha irregular de color bordó en el pasto reseco quedó como muestra elocuente de la gravedad de la herida que sufrió Braian. La ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Clemente Álvarez, donde murió a los pocos minutos.

Fue perseguido y baleado por dos personas que se desplazaban en una moto, uno de ellos del Servicio Penitenciario, de 30 años, y agente de la Patrulla Urbana de la policía local, de 23 años de edad, el otro. Los dos, integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron formados en “democracia” para disparar su arma reglamentaria contra los pibes pobres.

Por supuesto que los diarios hablaron de confuso episodio, de diferencias previas entre el guardiacárcel y el chico de 15, y hasta del secuestro de una tercera arma (además de las 9mm de los verdugos). Lo cierto es que Rosario hizo su “aporte” cotidiano para que se mantenga el promedio de un pibe pobre por día asesinado por el aparato represivo del estado.

REPRESION EN VICENTE LOPEZ

“Cortar la calle e impedir la libre circulación en la entrada de un obrador de una empresa privada es un delito. Por eso, actuamos. Cuando llegamos, de manera totalmente respetuosa y cordial, le pedimos a los manifestantes, unas 80 personas, que declinaran su accionar. Les advertimos que estaban en falta. Me dijeron que entendían mis palabras pero que no se iban a mover. Cuando avanzamos, siempre con cuidado, respondieron con piedrazos y palazos. Uno de los efectivos recibió un garrotazo en la cara y está internado en el Hospital Houssay“. Así relató el comisario de la seccional Balneario, Carlos Albornoz, al diario Clarín, lo que sucedió el miércoles 20 de este mes en Vicente López.

Ese día, los vecinos continuaban con su lucha para resistir el avance de camiones y topadoras que trabajan en las obras de construcción del denominado Vial Costero, en la costa de Vicente López, cuando fueron reprimidos por la policía, que los atacó con balas de goma, patadas, golpes y detuvo cuatro manifestantes.

El proyecto de la Municipalidad de Vicente López, financiado por Vialidad Nacional, es resistido por los vecinos, que ven cómo, sistemáticamente, el espacio público se reduce para hacer lugar a grandes y costosos emprendimientos para el disfrute de los ricos. Como en el Tigre, donde el Parque de la Costa o el Casino impiden el acceso al río para los que no sean clientes de esos lugares.

Las declaraciones del comisario muestran, una vez más, cómo las fuerzas represivas del estado se empeñan en criminalizar la protesta de los vecinos. Las acciones de esta misma fuerza dan cuenta de que, cuando se intenta ir en contra de los negociados de los poderosos, allí estarán, siempre firmes, defendiendo las ganancias de los capitalistas.

La actitud de los Vecinos de Vicente López, que hoy en día, a pesar de todo, siguen firmes, es una muestra más de que la única respuesta a la represión policial, es la organización y la lucha.

LA POLICÍA EN EL PROFESORADO J. V. GONZÁLEZ

Día a día los estudiantes se organizan y luchan consecuentemente para impedir que el estado siga vaciando la universidad y los terciarios de contenido educativo y convirtiéndolos en instituciones dóciles y manejables para la burguesía.

El 10 de mayo, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, se discutió qué plan se presentaría para la carrera de Historia. De un lado estaban el grupo denominado docentes y, del otro, el del espacio abierto, conformado por alumnos, docentes y egresados.

El grupo docente proponía el voto ponderado, en el que cada claustro cuenta con el 50% de los votos. Es decir, como hay muchos más alumnos que profesores, el sufragio de 86 docentes equivaldría al de 2.000 alumnos. Los alumnos intentaban que se respetara el principio de “un hombre, un voto”, tal como lo indica el reglamento, y no este “voto calificado” totalmente antidemocrático.

Más de 300 estudiantes se juntaron para discutir la reforma, y la propuesta del voto único se enfilaba hacia la victoria. Fue así que los representantes docentes y la jefa de la Junta departamental, al quedarse sin argumentos para seguir sosteniendo el voto ponderado, se retiraron de la reunión diciendo que “en esas condiciones no pensaban seguir discutiendo”.

Los estudiantes conformaron una Asamblea y, minutos después, tres policías irrumpieron en el edificio. Con firmeza, los estudiantes los expulsaron.

Si bien no hubo represión directa, fue un acto simbólico para mostrar cómo, al no poder imponer sus directrices mediante la burocracia del Profesorado, enseguida intervinieron las fuerzas coercitivas. Así, una vez más, se constata la naturaleza estatal, esta vez en la facultad: cuando no pueden destruir por consenso la organización independiente de los estudiantes que se resisten a ser vaciados de contenido educativo, son enviadas las fuerzas de represión, aunque esta vez no desenfundaran el palito de abollar ideologías.

GIULIANO GALLO: ABSOLUCION FÁCIL PARA EL GATILLO FÁCIL

Decimos siempre que la tarea de la justicia, como parte del aparato represivo, es el cuidado y la defensa de los intereses de clase que representa y el de sus perros guardianes. Esta semana lo corroboraron los jueces de Bahía Blanca.

El 1º de febrero de 2008, en el barrio Mi Casita, de Bahía Blanca, Giuliano Gallo, de 14 años, estaba en la casa de un amigo, escuchando música. Un vecino, molesto por el volumen, llamó a la policía, que llegó con varios patrulleros y el grupo especial GAD.

Entraron al barrio a los tiros, tapando la música. Los peritos contaron infinidad de impactos de perdigones de las escopetas, y nueve disparos 9 mm: Siete en las paredes de la casa, y dos, que entraron por una ventana, en el cuerpo de Giuliano, que cayó muerto, atravesado por los proyectiles del arma del policía Rodolfo Guidobono.

La justicia cumplió su rol. Primero, el asesino de Giuliano Gallo fue mandado a su casa con el increíble argumento de que, como al estar bajo proceso, su sueldo había disminuido, y aunque sus colegas uniformados hacían todos los meses una “vaquita” para ayudarlo, la mujer tenía que salir a trabajar, y no podía pagar una persona que, mientras tanto, cuidara de sus hijos.

El 17 de mayo, el tribunal criminal nº 1 de Bahía Blanca anunció la absolución del asesino de uniforme. La justa reacción de familiares, amigos y militantes antirrepresivos que sostuvieron la vigilia frente al edificio durante el juicio, fue importante. El saldo de la jornada fue que Guidobono volvió a su casa siendo legalmente inocente, y el hermano de Giuliano pasó la noche en la comisaría, por “disturbios”.

Cuando se conocieron los fundamentos de la absolución, resultó los jueces Hugo Adrián De Rosa y Enrique José Montironi votaron por la absolución, aunque con argumentos diferentes. Uno dijo que no se probó la autoría, es decir, que el policía Guidobono fuera quien mató al chico. El otro, en cambio, dijo que estaba probado, pero que fue legítima defensa. El tercero votó por la condena, total la mayoría necesaria para la absolución fácil ya estaba formada.

El defensor de Guidobono, conocido y caro abogado bahiense, dijo que la sentencia absolutoria tiene “carácter preventivo”. Y se despachó en los medios: “Si no salía así, las ochenta tribus urbanas que aguardaban un fallo condenatorio hubieran tenido piedra libre para asolar, más aún de lo que ya lo están haciendo, a la ciudad. La Policía está harta de ser convocada para detener a quienes los jueces de Garantías, que actúan con total impunidad, luego no tienen empacho en poner en libertad para que vuelvan a delinquir”.

Tiene razón el abogado del policía. Sentencias como éstas marcan bien claro que la tarea del juez es condenar al pobre, y proteger al poderoso y a su lacayo de uniforme. Sólo la organización popular y la lucha son las herramientas con las que podemos contar y confiar.

CUMBRE POLICIAL EN CHILE

Como anticipo de la Cumbre Iberoamericana de jefes de estado, que sesionará en noviembre en Mar del Plata, esta semana se juntaron los jefes superiores policiales de 17 naciones de Latinoamérica, para “intercambiar experiencias y tratar materias ligadas a las buenas prácticas”, es decir, para discutir cómo reprimir más y mejor, con el menos costo político posible.

El encuentro continental de azules se denomina “Tercer Curso sobre Accountability y Modernización Policial”, y lo convoca la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la policía de investigaciones de Chile como anfitrión. Participan jefes policiales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Chile.

Durante cinco días, los concurrentes se dedicaron a intercambiar sobre “la transferencia de capacidades y competencias profesionales”, y a reforzar los acuerdos de formación de Ameripol, la Interpol americana. Un máster de avanzada del plan continental que reemplaza hoy al Plan Cóndor militar.

A tono con la época “democrática”, un buen espacio estuvo dedicado a la “accountability”, que se puede traducir como “rendición de cuentas”, gran preocupación de los “progresistas” que apuestan al “control ciudadano”, como si las policías reprimieran por falta de transparencia y calidad de gestión, y no porque cumplen el rol que tienen asignado por los gobiernos en una sociedad con ricos y pobres.

VARIACIÓN DE POLICHORROS

Hace dos domingos, un patrullero de la comisaría 2ª de Florencio Varela y dos autos no identificables pararon frente a la calle Clavel 131, en el límite del partido de Almirante Brown con el de Florencio Varela. Siete hombres, entre uniformados y vestidos de civil, rompieron el portón de entrada y una puerta, y entraron a las patadas a la casa, gritando que era un allanamiento buscando drogas. El operativo terminó con un fenomenal robo que incluyó dos televisores LCD de 26 pulgadas, electrodomésticos y celulares que cargaron en una Traffic que apareció abandonada poco después.

El dueño de casa hizo la denuncia penal. Se estableció pronto que ningún juez había ordenado allanamiento alguno, y, a través del rastreo satelital del patrullero, se identificó a dos de los policías. Uno ya está preso.

En Santa Rosa de Lima, población de la provincia de Santa Fe, un subcomisario, un oficial ayudante y un suboficial fueron detenidos por extorsionar a una mujer, a la que le exigieron $3.000 “arreglar” una causa. Hecha la denuncia, se pudo filmar la entrega del dinero. A pesar de la contundencia de las pruebas, los poliextorsionadores no estarán presos mucho tiempo, ya que el juez, convenientemente, calificó el delito como tentativa de extorsión y no como hecho consumado. Los billetes, debidamente marcados, estaban escondidos en una alcantarilla del patio de la comisaría.

Finalmente, Nancy Graciela Miño, policía federal, denunció a sus colegas de la División Trata de Personas por cobrar coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La mujer acusó al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, tanto por recaudar dinero de los proxenetas como por “plantar dos menores en un boliche” de Pompeya, como parte de una interna policial. El comisario Ricardo Pedace, de la Oficina de Comunicación de la Policía Federal, desestimó la denuncia argumentando que la oficial Miño es una enferma psiquiátrica.

En su declaración ante el juez federal Torres, el comisario Fernández y sus subordinados no sólo comparten los beneficios económicos de los prostíbulos donde se explotan mujeres, muchas menores de edad, sino que compiten por el control del negocio con los policías de la División Delitos contra la Salud, encargados de aplicar la Ley de Profilaxis. La causa quedó radicada ante el juez Ariel Lijo, que ordenó varios allanamientos en la División Trata de Personas.

En su declaración testimonial, la policía femenina habló del plantado de armas con el número limado, de bolsones con $50.000, de aprietes, mejicaneadas y todo tipo de lindezas que prueban, como si hiciera falta, quiénes y con qué métodos dirigen el crimen organizado en Argentina.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control  social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.

www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

Visitá nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot.com y http://correpi.lahaine.org (¡renovada!)

Comunicate con nosotros para colaborar con CORREPI.

Mirá el video del Archivo 2009 en: http://www.youtube.com/watch?v=cMLcaPXyP-g

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

NÚMERO 557 – 10 de mayo de 2010.

Sumario:

1. Los RR. HH. de la represión (El “Plan Nacional de Protección Ciudadana”).

2. Torturado por portación de cara, escuchado por portación de profesión.
3. Libertad a los presos políticos.
4. Polichorro, poliviolador (y más polichorros).

5. Juicio por torturas en Neuquén.

6. Próximas actividades.

LOS RR. HH. DELA REPRESIÓN (EL “PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA”)

Los departamentos de Recursos Humanos (RR.HH.) nacieron con la globalización. Las grandes empresas nacionales y multinacionales, en aras de expansión mundial y la productividad, contratan licenciados asalariados para despedir, cesantear trabajadores y para que negocien el sueldo de subsistencia de los obreros a favor de la empresa.

Las fuerzas represivas del estado están operando en mismo sentido, pero, aquí, como no se trata de trabajadores sino de represores, no los despiden sino que reincorporan retirados, y, en lugar de bajarles el sueldo, se los aumentan de $2.000 a $2.800. Claro, los RR.HH. juegan un rol inverso que en las empresas: tienen que garantizar la productividad represiva.

Todo esto se inscribe en el marco de “Plan Nacional de Protección Ciudadana”. La idea es hacer, en todo el país, lo mismo que ha hecho Macri en la ciudad de Buenos Aires, y que ya funciona en otros municipios: instalar policías municipales. O sea, tener cada día más fuerzas represivas que cubran zonas territoriales cada vez más pequeñas. Ante la carencia de mano de obra asesina, ya se están incorporando policías retirados en varias localidades como la Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y San Vicente.

El programa, ahora nacional, reproduce y amplía los planes pilotos que se implementaron en algunos municipios bonaerenses, como Ezeiza. Recordemos que uno de los reincorporados en el programa “Tolerancia Cero” del intendente Granados, en 2003, fue el “Mataguachos” José A. Pelozo, que el 3 de junio de ese año fusiló a Matías Bárzola (16) en Villa Fiorito.

Los requisitos para sumarse a las listas del proyecto incluyen ser menor de 60 años y no haber sido exonerado de la fuerza (no hace falta, ya sabemos que “entran por una puerta y salen por la otra”, ver nota en este mismo Boletín). El titular de Centro de Vigilancia y Control aseguró: “Nos falta personal porque deberíamos tener 100 hombres para cubrir todos los recorridos, pero nos sobran ganas y vocación”… (de reprimir, por supuesto).

Así, todos los días, la burguesía encuentra nuevas modalidades para seguir reprimiendo y adoctrinando a la clase trabajadora.

TORTURADO POR PORTACIÓN DE CARA, ESCUCHADO POR PORTACIÓN DE PROFESIÓN

El hecho se repite todos los días en la terminal de micros de cualquier ciudad grande o turística de nuestro país, igual que en las estaciones de trenes del conurbano y subtes de capital. Un grupo de policías, que variarán a gendarmes o prefectos según la zona militarizada, detiene a un pibe u hombre joven por portación de cara –morocho, pelo largo o con gorra, ropa suelta- lo conduce a habitaciones escondidas, subsuelos o celdas, lo golpea, le saca todo lo que tenga de valor y, con suerte, lo deja vivo e imputado de alguna falta o contravención.

Esta vez, pasó algo distinto. Sucedió en Córdoba capital, y el que soportó las torturas resultó ser un periodista pampeano. Luego de pasar por toda la represión que pasan a diario miles de jóvenes, Flavio Frangolini radicó una denuncia judicial.

Dada su condición de periodista, un diputado nacional de la UCR de La Pampa intervino en su apoyo, sosteniendo que “es el Estado el que debe velar por la vida y la seguridad de sus ciudadanos”, mientras que dos policías, por intervención del tribunal de conducta policial cordobés, pasaron a pasividad en tanto se investiga su conducta en la detención bajo la figura de merodeo y atentado y resistencia a la autoridad contra el periodista.

Frangolini, fue escuchado. No es un pibe de barrio, sino un señor periodista, y, para jueces y diputados, su palabra tiene otro valor. Las medidas que adoptaron parecen eficaces, pero distan de ser suficiente frente al cotidiano accionar de los encargados de administrar la represión, que elimina un pibe cada 20 horas con el gatillo fácil y la tortura, genera masacres como las del 19 y 20 de diciembre de 2001 (cuando gobernaba el partido del hoy escandalizado diputado de La Pampa) y transforma fábricas en centros de detención para los trabajadores represaliados de Kraft.

Quienes están encargados de juzgar estos hechos, son los artífices de que la tortura siga calificándose como abuso policial, el gatillo fácil como legítima defensa del policía que dispara por la espalda y las desapariciones forzadas como averiguación de paradero tal como sucedió durante dieciocho meses con el caso de Luciano Arruga.

Sólo la lucha independiente y organizada permite escuchar a cada uno de los pibes pobres, cuyas voces se silencian por ser el objetivo de la represión. Sólo ella permite reconocer en cualquier administrador del estado, gobierne quien gobierne,  a los responsables de que nos sigan torturando, fusilando y desapareciendo.

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LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

El viernes por la tarde, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad, reclamando la libertad de los presos políticos y denunciando la constante y creciente persecución política a militantes y organizaciones.

La represión selectiva, esa que se descarga sobre las organizaciones de la clase trabajadora, no es un fenómeno novedoso en Argentina. Tampoco es una novedad que el aparato judicial use el marco normativo, las leyes, para perseguir, encarcelar y castigar a los luchadores.

En cualquier etapa de nuestra historia encontramos ejemplos de esa constante, porque, desde siempre, y en cualquier lugar, la clase dominante utiliza jueces y leyes para represaliar a todo aquel que pretenda cambiar el estado de las relaciones sociales vigentes. En definitiva, el rol de la legislación no es otro que vestir de legal la desigualdad social, y el poder judicial es el encargado de aplicarlo en los casos concretos, cumpliendo su función de garantes de la legitimidad que el sistema necesita.

A lo largo de los años, vemos cómo se legisla sistemáticamente para crear delitos específicos que permitan penar judicialmente las protestas sociales, mientras queda en manos de jueces y fiscales la tarea de desfiguran las descripciones de los delitos comunes para que se ajustarlos como un guante a las conductas que se desea penalizar.

Si repasamos los procesos judiciales contra compañeros en los últimos años, vemos cómo fueron avanzando en el camino de la criminalización de la protesta. Hace 20 años, los detenidos en una marcha eran fichados por una averiguación de antecedentes o una contravención. Más adelante, esas detenciones ya originaban causas penales, con  imputaciones por delitos excarcelables, como atentado y resistencia a la autoridad, daño o lesiones, combinación tan frecuente que la llamamos, entre nosotros, el combo manifestación.

A fines de los ’90, se hicieron frecuentes las acusaciones por delitos más graves, como coacción agravada, interrupción del tránsito vehicular, extorsión, prepotencia ideológica, usurpación, etc., que, combinadas de originales maneras, generaban penas posibles de 15 o más años de prisión. El actual gobierno, que ya en 2005 había batido el record de cantidad de presos políticos en sus calabozos desde 1983, se hizo especialista en la materia. Como declaró Aníbal Fernández al diario La Nación en octubre de 2003, “a los que saquen los pies del plato los vamos a esperar con el código penal en la mano”.

Empujada por la movilización popular, fue posible la liberación de los compañeros anarquistas, encarcelados por protestar frente a la embajada de Grecia en defensa de un preso político. Pero hoy, está preso Roberto Martino, después de casi un año de que se dictara su orden de captura, tras una manifestación contra la política terrorista del estado de Israel. Está condenado por la misma razón Juan Carlos Beica. El próximo 19 de mayo, Rubén Saboulard y Oscar Kuperman serán indagados como responsables de dos manifestaciones del año pasado. Están siendo juzgados en estos mismos días Fernando Esteche y el Boli Lezcano por un acto de repudio al asesino de maestros Sobich. Hay centenares de delegados e integrantes de juntas internas antiburocráticas que enfrentan todo tipo de procesos.

Como organización antirrepresiva comprometida con la clase, CORREPI intenta contribuir en la defensa técnica y política de los represaliados. Pero nuestra principal función en la defensa de los compañeros es dejar bien claro que ésta no es una batalla judicial, sino que forma parte de la pelea de fondo, porque es uno más de los escenarios en los que se libra la lucha por una sociedad nueva.

El fin buscado por el poder, es la desmovilización y el retroceso. Por eso, la respuesta que nos debemos frente a esta situación, es la organización y lucha, contra la represión, y por la libertad de los presos políticos.

POLICHORRO, POLIVIOLADOR (Y MÁS POLICHORROS)

Hace dos años, una adolescente (16 años) denunció que, al salir de una confitería en Paraná, Entre Ríos, tomó un remise para ir a su casa. El conductor cambió el recorrido, la llevó a un descampado y la violó. La nena no sólo se animó a denunciar lo ocurrido, sino que, en rueda de reconocimiento, señaló con certeza a su atacante.

Resultó que el remisero era un policía federal de 44 años, que había sido exonerado y condenado a cinco años y seis meses de prisión por el robo al Banco de la Municipalidad en 1991, con una banda integrada por otros tres policías.

Pero mientras la víctima lo identificaba, alguien puso sobre aviso al polichorro y poliviolador, que huyó de Paraná. Recién ahora, y fortuitamente, fue encontrado y detenido en Buenos Aires.

Mientras tanto, un policía de la Unidad de Traslado de Detenidos de Mercedes fue detenido el viernes pasado, acusado de integrar la banda que asaltó el supermercado Eco de San Antonio de Areco el 28 de abril y se llevó un botín de 150 mil pesos.

Todos los días vemos que los integrantes de las fuerzas represivas del estado, son los verdaderos actores y organizadores de la delincuencia, valiéndose de los recursos que les da el estado.

Las victimas deben soportar, además del delito, que los criminales de uniforme circulen tranquilamente por el país, o que, en el mejor de los casos, permanezcan “presos” junto con sus compañeros de trabajo, mientras los medios de comunicación ponen en duda las acusaciones.

Frente a la conjunción, siempre en contra del pueblo, de las fuerzas represivas, las instituciones judiciales y los medios de comunicación, las víctimas sólo pueden tener una respuesta, la denuncia constante, la organización y la lucha.

JUICIO A LA TORTURA EN NEUQUÉN

Reiterados motines, huelgas de hambre y otras formas de lucha dentro de las cárceles vienen resonando en los medios, dejando ver la nefasta situación carcelaria en la que se encuentran viviendo los presos de las cárceles de nuestro país. Las denuncias por falta de agua potable, por el hacinamiento, la falta de insumos, la nula asistencia médica, etc., se reiteran en los reclamos de los detenidos, que a pesar de su difícil situación, logran organizarse por condiciones mínimas de vida.

La noticia ahora es que un tribunal de Neuquén está juzgando a 27 policías provinciales por torturar, durante cuatro días seguidos, a los presos que denunciaron malos tratos por parte del personal de custodia en el año 2004. Denunciaron, concretamente, que fueron sometidos a tremendas golpizas durante esos días, golpeados con barras de metal y con bastones reglamentarios en la planta de los pies, método que se caracteriza por causar intenso dolor y no dejar rastros de los golpes.

Ahora, parece que ahora se toma, desde las instituciones estatales, con “preocupación” la grave situación en la que sobreviven los presos todos los días y aparecen secretarías con proyectos “progresistas” proponiendo reformas para mejorar la vida dentro de las cárceles, como si esto fuera posible. En verdad, lo único que intentan hacer, es lavar su imagen e intentar mostrar esta situación permanente como si fuera una anomalía, producto de la corrupción, o de la descomposición de ciertos agentes pertenecientes al aparato represivo estatal.

Pero, a pesar de su intención, lo que no pueden ocultar, es que las cárceles están superpobladas, más aún, llenas de pobres a los que el sistema condena a la más miserable condición de vida, que esperan que los presos acepten: por las buenas o por las malas.

Deben garantizar el disciplinamiento a como de lugar. Para ello, el personal carcelario cuenta siempre con toda la impunidad para cometer todo tipo de atropellos.

Hoy, la tan grotesca situación y la incansable lucha de Zainuco hace que una de esas denuncias, en Neuquén, haya llegado a juicio. Pero han pasado más de cinco años y los torturadores han permanecido en sus puestos de trabajo, ejerciendo el control de quienes lo denuncian.

Es que no hay nada que pueda modificarse demasiado con las reglas del sistema. Los verdugos sólo cumplen con su deber.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA

13 de mayo: La situación de DDHH en Argentina 2010.

20 de mayo: Estado, democracia, represión.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control  social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com

Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.

www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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