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Esta fiscalía pretende subrayar que este juicio ético y político no está dirigido a la totalidad de los periodistas que actuaron en la dictadura, en cuanto trabajadores de prensa, sino que como se ha evidenciado a lo largo de la declaración de los testigos, procura juzgar a las empresas periodísticas, a sus propietarios y a aquellos periodistas que ocupaban cargos con poder de decisión dentro de esos medios; es decir, no los trabajadores de prensa que sufrieron la dictadura, sino a quienes la convalidaron con sus palabras, sus opiniones, sus acciones.

Es indiscutible que no hay dictaduras posibles sin complicidad mediática. Es esa cuestión nodal lo que esta fiscalía, con el valioso y valiente testimonio de cada uno de los testigos, pretende juzgar. El asunto más delicado que aquí se nos plantea es el que refiere a la responsabilidad que hizo posible que se secuestrara, torturara, matara y desapareciera a miles de personas en el más tenebroso de los silencios periodísticos. Peor aún, muchos sostenían por entonces que en Argentina había libertad de prensa.

Como periodistas nos avergüenza la conducta y los delitos cometidos por varios que, muy a nuestro pesar, debemos denominar como colegas; hechos que esta tarde han quedado expuestos sin posibilidad de refutación alguna.

Así como el filósofo judío alemán Theodor Adorno sostenía que después de Auschwitz no se puede escribir poesía, señoras y señores jueces, nosotros nos preguntamos si era posible hacer periodismo durante la dictadura genocida argentina. Si algo debemos ser los periodistas es profesionales de la verdad. Y en aquellos años se quebró la correspondencia entre las palabras y los hechos. Se llamó “centros de recuperación” a las mazmorras de tortura y muerte. Se habló de “niños y niñas abandonados” cuando se trataba de hijas e hijos de militantes que fueron arrancados de sus hogares y separados de sus familias. Se dijo guerra cuando se asesinó a 30.000 personas, se forzó al exilio a un millón y se encarceló en las peores condicione a 10.000. La magnitud del accionar represivo no podía escapar a quienes tienen por oficio informar, investigar y contar la realidad. Prueba de ello es que la prensa extranjera divulgaba las denuncias de las desapariciones en nuestro país.

Pero hay otro compromiso que tenemos, antes que como periodistas, como seres humanos. Y ese compromiso es con la vida. Ninguna persona con un mínimo de sensibilidad social puede permanecer indiferente ante los horrores cometidos por la dictadura. Si esa persona es a su vez periodista tiene la obligación moral de, como mínimo, negarse a tergiversar los datos y a silenciar los crímenes. No apelamos a actos heroicos, simplemente a gestos de entereza. En tiempos en que reina el terror uno no hace lo que quiere. Pero tampoco hace lo que no quiere.

El silencio y/o la justificación de crímenes aberrantes y la imperturbabilidad frente a un dolor concreto, humano, verdadero: la desaparición de personas, el robo de niños, el arrojo de personas vivas al río, el pulular angustiante y desesperado de miles de madres de desaparecidos por redacciones, con carpetitas hechas de forma casera bajo los brazos,pidiendo una, dos, y cien veces una solidaridad que tuvo como respuesta sistemática la indiferencia o la difamación.

Nada más actual, entonces, que poner en evidencia cómo esos mismos medios y esas mismas personas son las que aún hoy continúan perpetuando estas prácticas, con el añadido que el origen de la actual dictadura del discurso hegemónico ha sido la dictadura genocida

Por otra parte queremos señalar que este juicio ético es uno entre los tantos juicios éticos que diariamente se hacen desde los medios de comunicación. El periodismo no está ni por encima ni por fuera de la sociedad. Y el desempeño de los periodistas es materia tan opinable como el de cualquier otro profesional.

Por último, a todas y todos los presentes, les decimos junto a Rodolfo Walsh:
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”.


Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.


Luis Zarranz (Periodista)
Lucía García (Lic. en Comunicación Social)

“Hemos hecho un juicio ético y político irrefutable. Están las pruebas al alcance de todos. Los valientes compañeros que se animaron a venir y a denunciar nos dan las pautas de que las Madres tenemos razón.

Desde este lugar, desde esta Plaza que nos dio el nombre, donde habitan permanentemente nuestros hijos, donde nos esperan cada jueves cuando llegamos, donde están sobrevolando seguramente aquí y han inspirado al jurado y a los compañeros que vinieron a denunciar, estoy convencida que en un tiempo no muy lejano los periodistas habrá también un juicio donde los periodistas pidan perdón. Perdón por tanta ignominia, perdón por tanta basura, perdón por haber avalado la tortura. Perdón, eso es lo que haría falta que hagan algunos, aunque no alcanza, pero sería muy bueno que se reunieran algunos periodistas.


Reivindicamos a todos los periodistas que desaparecieron por alzar su voz, por darle valor a la palabra periodistas, reivindicamos a todos los trabajadores de prensa despedidos hoy en muchos medios de comunicación. Estamos aquí compañeros trabajadores de prensa, las Madres, para acompañarlos. Sabemos, estamos convenidas que esta Plaza es la plaza del pueblo donde el pueblo reclama y exige. Falta tan poquito para el Bicentenario donde el pueblo gritó ‘queremos saber de qué se trata’. Hoy, aquí queríamos saber de qué trabajaba y lo hemos conseguido.

El jóven periodista estrella de Clarín

Un día como hoy pero ayer, Van der Kooy salió a decir que no recuerdan “tiempos más difíciles que estos para ser periodista. y eso que trabajé durante la dictadura”. Un discurso consecuente con lo que dice Morales Solá hoy en La Nación. Hace unos días un amigo de esta casa nos pasó un par de fotitos que Los Autores, pensando que había que aflojar un poquito con todo esto de que los blogueros k atacamos a la prensa libre, decidieron esperar a que aclare para publicar. Y entonces ayer el muchacho escandinavo dijo lo que dijo. En Twitter hay muchos indignados. Pero la verdad es que es cierto: tan mal no la pasaba el muchacho. Ahora, en la Rosada, no lo recibe nadie.

Estratégica jugada de Macri ante el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Con todo el despliegue mediático (que incluye el vídeo colgado en el Facebook que se muestra más abajo) y contra todos los pronósticos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunció hoy que no apelará el fallo emitido por la jueza Gabriela Seijas del Tribunal Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese fallo la jueza declaró inconstitucionales los dos artículos de la ley de matrimonio civil que prohibía el casamiento entre dos hombres y ordenó al Registro Civil que les diera turno para contraer matrimonio.

Ahora, el gobierno K tendrá que ver como se reposiciona ante esta magistral jugada de la derecha machista.

Es que la derecha, que lleva siglos en el ejercicio del poder, demostró una vez más sus capacidades y su agilidad de sacar partido de las situaciones.
En el video a Macri le preguntan si podrá haber gente descontenta con su decisión y él con una ingenua elegancia responde que espera que no, pero que lo que sí habrá seguramente es mucha gente contenta con esa medida. Esta es la clave, el macrismo tuvo una lectura apropiada de las encuestas que el gobierno K no tuvo o no quiso hacer.

Tal cual lo consigné en mi artículo anterior (Y la iglesia metió la cola…) se registran en todas las encuestas realizadas en este último mes, altos niveles de adhesión al matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos porcentajes de apoyo (sin precedentes para este tema) cercanos al 70% son la muestra clara de que la sociedad avala la legalización del matrimonio lésbico gay.

Hasta la semana pasada, la reforma de dos artículos de la ley de matrimonio, esperaban en vano en las salas de dos comisiones a que el oficialismo diera el quórum necesario para firmar un dictamen que permitiera debatirlo en recinto. Tres reuniones fueron levantadas después de esperar durante horas a que se llegara a la cantidad de diputadxs necesaria para emitir un dictamen que pasara el proyecto al recinto de la cámara de diputados.

En ese momento, no solo el partido oficialista no se presentó, sino que tampoco el PRO (partido de Macri). Solo que en este momento, esta movida del Macrismo, viene a dar un giro inesperado al tema. Abre interrogantes y genera especulaciones sobre lo que sucederá de ahora en más.

¿Lograrán Cristina K. y sus legisladorxs recuperar los puntos perdidos con su impresentable estrategia que tuvo más en cuenta las presiones del Vaticano que el apoyo de la gente y sus compromisos contraídos a favor de las minorías sexuales?

¿El PRO se hará presente esta vez para dar quórum toda vez que su “jefe” se ha vuelto inesperadamente un defensor del matrimonio lésbico gay?

¿Será la reunión convocada por las comisiones legislativas para el miércoles 18 un ring side en el que cada unx de ellxs juegue a ver quien es más “progresista” y “defensor de los derechos de las lesbianas y los gays”?

Más allá de los resultados, esta lúcida movida indica hasta que punto, siguen aceitados, en la circunstancia que sea, los mecanismos de la derecha para captar por donde van los votos y el apoyo de la gente.

insurrectasypuntos.org

Fuente: la haine

http://www.lahaine.org/index.php?p=41373

Los portales de noticias en Internet anticipan los titulares de los diarios de mañana:

“Un adolescente de 17 años permanece internado con muerte cerebral a causa de los disturbios ocurridos antes de un recital de rock en un estadio porteño. Un grupo de jóvenes intentó ingresar sin entradas para ver el show. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma para disolver a los manifestantes, hubo heridos y detenidos.”

Esta vez fue en Vélez, tocaban Viejas Locas y el chico que está en coma en el Centro Gallego se llama Rubén Orlando Carballo.

En abril de 1991 el titular de los diarios fue el mismo. Esa vez fue en Obras, tocaban los Redondos, y el estudiante que murió una semana después, se llamaba Walter David Bulacio. También tenía 17 años.

El jefe de prensa de la policía federal, comisario Néstor Rodríguez, explicó hoy en varias radios que los pibes “se querían colar”, que había “inadaptados” y que los uniformados tuvieron que emplear “la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden”.

En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos “estaban aglomerados en la vía pública, bailaban y pretendían ingresar al estadio sin entradas”.

El comisario Rodríguez explicó bien el rol de la policía: Como brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y, cuando se ve amenazado, restaurarlo por medio de la fuerza. Eso se llama control social. Con “la fuerza mínima necesaria”, desde luego. Eso se llama economía de recursos.

Entre 1991 y 2009 -entre Walter y Rubén – miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas.

Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2.826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer.

Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, 1.323 chicos.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395.

En el último año, el aparato represivo estatal nos mató un pibe cada 28 horas. Más de 20 por mes.

El 53% tenía menos de 25 años. El viernes 20 de noviembre, a las 18:00, CORREPI presentará, en un acto público en Plaza de Mayo, la actualización 2009 del Archivo, informe que recopila todos los casos conocidos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983.

Con el protagonismo de los familiares de los chicos asesinados por el gatillo fácil y la tortura, nucleados en CORREPI, y la presencia de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas, que han padecido la represión cotidiana a lo largo del año, mostraremos, con los datos a la vista, el alcance y extensión de las políticas represivas oficiales en todo el país.

Los esperamos.

CORREPI Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Ciudad de Buenos Aires • Argentina

correpi@fibertel.com.ar
http://correpi.lahaine.org

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

• Federico Vimberg
• Germán Vicentín
• Nahuel Ponte